Las dudas que dejó la aprobación de las normas de educación en la Convención

Este miércoles el pleno de la Convención Constitucional despachó al borrador de la nueva Constitución una serie de artículos desarrollados por la comisión de Derechos Fundamentales, entre las que se consideraron el derecho a la educación.

El texto, que será parte de la propuesta que será sometida a un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, estableció que “todas las personas tienen un derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado”. Además fijó que “la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media”.

La Convención también determinó el funcionamiento de un Sistema Nacional de Educación, el que “estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado”.

La consagración de estos derechos fue celebrada por la mayoría de los convencionales, que aseguraron que con esto se ponía fin a un sistema basado en el mercado y no en el desarrollo integral e igualitario de los estudiantes.

Otros sectores mostraron su preocupación, especialmente por lo que ocurrirá con los colegios particulares subvencionados, los que concentran gran parte de la matrícula, especialmente en sectores de clase media.

El temor de los particulares subvencionados

La Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS) manifestó su preocupación con el rechazo de un inciso clave del artículo 20, que afirmaba entre sus puntos que “el Estado podrá financiar establecimientos educacionales no estatales, siempre que se rijan por los fines y principios de la educación. Estos establecimientos tendrán prohibida toda forma de lucro”.

Luis Cañas, presidente de la CCPS, aseguró que los establecimientos privados con aporte estatal quedarán “fuera del sistema”, explicando que “uno de los incisos que se rechazó fue la libertad de crear y gestionar proyectos educativos. Esto significa que los particulares no podrán encargarse de proyectos financiados por el Estado”.

“Cuando se informa que los padres van a poder elegir el proyecto educativo, lo que en el fondo le están diciendo es que las personas van a poder elegir solo entre un edificio y otro, pero no entre proyectos educativos diversos”, manifestó.

La situación también fue alertada por algunos expertos. Francisca Figueroa, investigadora de Acción Educar, planteó que aunque la propuesta emanada desde la comisión dejaba a salvo la posibilidad de los particulares de fundar y gestionar proyectos, y el que pudiesen acceder a financiamiento, el rechazo de sus incisos principales derivó en que “los únicos que podrán elegir educación diversa de la estatal serán aquellos que puedan pagarla”.

Convención llamó a la calma

Los convencionales que formaron parte de la votación pusieron paños fríos y aseguraron que la existencia de los colegios particulares subvencionados en el sistema propuesto por el órgano constituyente no necesariamente los deja fuera, asegurando que a través de una ley (generada desde el Congreso) se puede reponer.

“Si bien no se establece en la Constitución (la educación particular subvencionada), no la niega como tal. No se ha rechazado el hecho de que esto pueda ocurrir. Esto es perfectamente posible. Es más, nuestra Constitución no establece una regulación de esta naturaleza y a la comisión le interesaba que quedará consagrado”, señaló el convencional César Valenzuela (Colectivo Socialista) en declaraciones consignadas por radio Pauta.

El constituyente llamó a la “tranquilidad” a los apoderados, asegurando que con lo establecido en el borrador “no se terminan los establecimientos particulares subvencionados”.

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