Las soluciones de expertos y del Congreso para combatir la falta de viviendas

Con un déficit habitacional por sobre las 521 mil viviendas -de acuerdo al Censo del 2017-, los especialistas vienen trabajando y dando a conocer algunas soluciones que podrían aminorar el problema, a través de nuevos proyectos de ley y cambios en la estrategia desarrollada por el Estado.

Una de las ideas, que hasta el momento suma mayores adeptos, es la del urbanista y socio de la consultora Atisba, Iván Poduje, la cual consiste en ocupar todos los terrenos subutilizados por el Estado -eriazos o sin destino claro- en la construcción de viviendas sociales.

El especialista explicó a EL DÍNAMO que, según los últimos catastros de Atisba, hasta fines del 2020 existían 179 predios fiscales subutilizados de tamaño relevante y en total tienen una superficie superior a los 10 millones de metros cuadrados, unas 1.030 hectáreas.

En la Región Metropolitana, a modo de ejemplo, La Pintana es la comuna con más suelo estatal subutilizado y agrupa el 48% de los grandes predios, con 522 hectáreas sin ocupar de la Universidad de Chile y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Además, en Cerrillos existen 1,8 millones de metros cuadrados correspondientes al ex aeródromo Los Cerrillos.

La idea, de acuerdo a Poduje es que estos terrenos, “pasen a un ente operativo como el Serviu -se traspasen todos- y se liciten a un consorcio formado por familias sin casas y empresas”.

“De tal forma, que en el corto plazo, se puedan usar los terrenos fiscales abandonados o subutilizados. Sólo en Santiago, se podrían construir 60 mil viviendas. El problema está en la resistencia de los organismos públicos para entregar esos terrenos”, alegó Iván Poduje.

La propuesta incluso fue abordada en un proyecto de ley por el diputado Gonzalo Winter (CS).

El legislador afirmó a EL DÍNAMO que busca establecer por ley “que en todo terreno estatal tenga prioridad el Serviu, antes de ser enajenado”, en otras palabras, “si por ejemplo la U. de Chile quiere vender parte de sus terrenos, Serviu debería declarar formalmente que no lo quiere comprar para que se pueda vender”.

“Actualmente las entidades estatales los venden -los terrenos- en el mercado para hacer caja. Es una situación inaceptable, si no se ocupan los terrenos para lo que fueron proporcionados deben ser devueltos al Estado”, indicó.

Los terrenos subutilizados por el Estado en el Gran Santiago. Fuente: Atisba.

Regulación de los precios de arriendo y otras soluciones

Otra de las soluciones al déficit habitacional que fue ingresada al Congreso, pero que vio frenada su tramitación, fue la regulación de los precios de arriendos. 

El autor, Gonzalo Winter, afirmó que el proyecto busca que el Estado construya viviendas y luego las arriende a precios más económicos, con el propósito de bajar los valores actuales del mercado.

“Queremos que el Estado pueda generar un stock de vivienda pública en arriendo, pero a precios sociales, para empujar a la baja el mercado del arriendo“, contó Winter.

La medida, de acuerdo al legislador, también contempla que el Serviu “construya departamentos para arrendarlos a precios razonables y que le genere al mercado cierta autorregulación”.

Por su parte, la directora del Centro de Estudios Socioterritoriales (CES) de TECHO-Chile, Pía Palacios, aseguró a EL DÍNAMO que la fundación es más partidaria de “convocar a toda la sociedad y actores para que las familias puedan acceder a una vivienda digna”, sin embargo, consideran “positivas” iniciativas relacionadas a instaurar un “arriendo justo”.

Desde Techo explicaron que la idea es desarrollar un modelo de soluciones que reduzca el déficit habitacional en Chile a cero en un plazo de hasta seis años.

Eso sí, para el especialista y director de Atisba, Iván Poduje, “es una mala idea”, porque, “no genera ningún efecto en el precio al haber miles de vivienda en arriendo, son alrededor de 60 mil. Por lo tanto, el Estado tendría que construir muchas viviendas para influir en el precio”.

“En segundo lugar, cuando el Estado construye viviendas y las administra surge un problema respecto al criterio con que se asignan, generalmente ha sido con un criterio electoral. En tercer lugar, la gente quiere ser propietarias de sus viviendas, no arrendar. Porque su casa se convierte en su principal patrimonio. Si el Estado lo hace, impide que cumplan con el sueño de la casa propia”, alegó Poduje ante el intento de regulación de precios.

La “Ley de Alquileres” en Argentina

En Argentina comenzó a funcionar en 2020 la llamada “Ley de Alquileres” que establece un nuevo cálculo respecto al precio de arriendo de viviendas, es decir, los valores son regulados por el Estado.

Antes de la legislación, estos valores eran definidos a la hora de firmar el respectivo contrato y dependían directamente del mercado.

Desde su promulgación, se estableció que los arriendos serán ajustados en base al 50% de la evolución de los salarios -Índice Ripte- y el 50% restante por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo a expertos locales, como el portal Zonaprop, generó que desde su aprobación a la fecha el costo de los arriendos en Argentina aumentó en un 61,6%.

“Creemos que este aumento tiene que ver con una reacción del mercado ante las nuevas condiciones de los contratos que generaron cierta incertidumbre en los propietarios, particularmente la extensión del plazo a tres años y la nueva fórmula de indexación anual conformada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables”, contó a Infobae el director comercial de Zonaprop, Leandro Molina.

Finalmente, al ser consultado por EL DÍNAMO, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, explicó que el objetivo del Gobierno es proponer “una nueva política habitacional que sea capaz de entregar soluciones en mucho menos tiempo y mejores soluciones”, porque, “queremos tener mejores superficies, con viviendas emplazadas en los mejores suelos de Chile”.

De momento, explicó que están desarrollando el “Plan 100+100” que permite “gestionar soluciones habitacionales para 200 asentamientos precarios al año”.