Caso Corpesca: Jaime Orpis irá a la cárcel por fraude al fisco y cohecho

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció este mediodía al ex senador de la UDI, Jaime Orpis, a 5 años y un día de cárcel efectiva por una serie de delitos reiterados de fraude al fisco en el Caso Corpesca y a 600 días de reclusión como autor de dos delitos de cohecho.

De esta condena, se le descontarán los 1.301 días que cumplió como prisión efectiva o domiciliaria como medida cautelar, por lo que deberá volver a un centro de reclusión.

Jaime Orpis, quien dijera “yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza”,  fue condenado el pasado 2 de diciembre por estos hechos de corrupción. Por ello, los ojos de todos los sectores de la política se volcaron sobre él y el fallo dado a conocer este mediodía.

Este caso pasó a ser el más importante respecto al financiamiento ilegal de la política, el cual estalló al tiempo después del caso Penta, en 2015.

En la investigación en su contra se indagaron triangulaciones de dineros entre sus asignaciones parlamentarias y aportes de la empresa Corpesca a su campaña, y luego las consideraciones que él expuso, sin inhabilitarse, en la Ley de Pesca que se tramitó en el Congreso.

La fiscal jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien lideró el llamado Caso Corpesa, por financiamiento ilegal en campañas políticas y sobornos, había solicitado una pena de 11 años: siete años de cárcel para el ex parlamentario, por los dineros defraudado al fisco y otros cuatro años por los delitos de cohecho.

Durante el juicio, el tribunal resolvió absolver a Orpis por los delitos tributarios. No obstante, se acreditó su autoría en seis de ocho delitos de fraude al fisco, con carácter de consumado y reiterado. Además, fue condenado por dos delitos de cohecho.

Estos delitos se llevaron a cabo entre los años 2009 y 2013, época en que el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, recibió boletas ideológicamente falsas por parte de Jaime Orpis y Marta Issasi, quienes cumplieron el rol de testaferros, para financiar de manera ilegal sus campañas políticas. A cambio, la empresa controlada por el Grupo Angelini fue recompensada con ciertas preferencias durante la tramitación de la Ley de Pesca.